Análisis sobre la responsabilidad penal de los menores de edad. El Derecho Penal De Menores

Analizando el significado de la palabra menor, primero desde un punto de vista gramatical, luego desde un punto de vista legal, se puede observar que desde el primer punto de vista se intende a toda persona que no tiene suficiente edad para disponer de sí ni de sus bienes, atendiendo a las disposiciones legales, y que comprende toda la infancia y la adolescencia o parte de ella. Por lo tanto, la edad establece el límite o la diferencia entre mayores y menores de edad.
La menor edad se puede definir sencillamente como el estado civil que ostenta la persona que aún no ha cumplido los dieciocho años a contar desde el día de su nacimiento, durante el cual la capacidad de obrar de la persona está limitada, debiendo velar y actuar por él sus representantes legales (ya sean sus padres, o un tutor).
En el Derecho español vigente el alcanzar una determinada edad cronológica, fijada de forma objetiva en los dieciocho años, tanto en el art. 315 CC, como en el art. 12 de la CE72, es lo que determina que una persona adquiera el status de mayor de edad. Desde ese mismo instante dejará de necesitar la asistencia de sus representantes legales (padres o tutor) para ejercitar sus derechos y deberes válidamente desde el punto de vista jurídico y podrá actuar en el tráfico jurídico con total autonomía (a menos que sea incapacitado por sentencia judicial).
A nivel internacional, el art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, ha positivizado la mayoría de edad en los dieciocho años, de hecho, establece que se entiende por niño y niña todo ser humano de dieciocho años de edad, salvo que la Ley del País que le sea aplicable disponga una mayoría de edad diferente.
Desde un punto de vista jurídico, el menor de edad es una persona que legalmente no ha alcanzado la edad adulta, y que, por razón de su edad biológica, no tiene plena capacidad de obrar, que es la aptitud de la persona para constituir, modificar, o extinguir relaciones públicas, substancialmente es la idónea para realizar actos jurídicos que puede ser plena o limitada.
La capacidad de obrar plena habilita al sujeto a realizar de forma eficaz, por sí mismo, cualquier acto jurídico que afecte a su propia esfera, y la ostentan más los mayores de edad no incapacitados.
La capacidad de obrar limitada significa que la persona no puede realizar eficazmente, por sí misma, ningún acto jurídico o, en su caso, algunos de ellos. Si su incapacidad para obrar es absoluta, la Ley atribuye su representación a otra persona (a los padres respecto a sus hijos menores de edad o incapacitados, o los tutores, en defecto o imposibilidad para desempeñar esta función de los padres). Si la capacidad de obrar existe, aunque limitada, el sujeto necesitará una persona que le asista al actuar, sin sustituir su voluntad por completo (un curador, para los menores emancipados que no tengan padres, para los incapacitados a quienes la sentencia de incapacitación les haya dispuesto esta forma de protección y para los pródigos).
Por regla general, la capacidad de obrar se presume plena y no se admiten mas restricciones que las contempladas en las Leyes, que son básicamente la menor edad y la incapacitación judicial.
El menor de edad es in primis una persona, y como tal jurídicamente es titular de Derechos (irrenunciables e inviolables) y de obligaciones, por lo tanto tiene capaciad jurídica desde el nacimiento75. Estos Derechos son, por ejemplo, los Derechos de la personalidad, como el Derecho a la vida y a la integridad física, Derecho a un nombre, Derecho a la intimidad, al honor y la propia imagen, o Derecho al estudio.
En conclusión, el menor es un sujeto de Derechos, pero no privado, pudiendo gozar, como escribí supra, de los mismos Derechos humanos de los adultos. [...]