El principio de razonabilidad en el juicio de legitimidad constitucional sobre las leyes del estado

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falta es imputable, en parte a la ambigüedad semántica del termino “razonabilidad”, 
en parte, a la insuficiente racionalización  de tal argumento por obra del juez de las 
leyes, cuya jurisprudencia en materia es de signo puramente casuístico. 
El principio de razonabilidad se expresa, en el juicio di legitimidad 
constitucional sobre las leyes, a través de diferentes modelos operativos constituidos 
por el juicio de igualdad-razonabilidad, por el juicio de razonabilidad tout court y por 
el balanceo de los intereses. El control de razonabilidad, sin embargo, no se reduce ni 
se identifica con ninguna de estas formas de juicio pero las trasciende y las unifica en 
razón de determinadas características morfológicas comunes: ella constituye, por lo 
tanto, una forma de juicio autónoma y general respecto a los modelos de su 
aplicación. La unidad del control de razonabilidad si confronta ya en el interior de las  
motivaciones de las sentencias constitucionales donde, a menudo, diferentes  
operaciones de juicio se subsiguen en el mismo iter decisorio, como fases de un único 
recorrido que conduce a la solución de la cuestión de legitimidad constitucional. Cada 
uno de los juicios constituye, entonces, modalidades específicas de valuación de la 
discrecionalidad legislativa, consintiendo a la Corte configurar las hipótesis de 
solución entre las cuales elegir aquella que mejor se adapta al caso examinado: el 
juicio de igualdad – razonabilidad es, en sustancia, un control de naturaleza meta-
relacional instaurado entre (al menos) dos términos normativos, valorados a través del  
filtro del punto de vista relevante y que consiente al juez de las leyes establecer la 
constitucionalidad del igual o del distinto tratamiento dispuesto por el legislador; el 
juicio de razonabilidad en sentido estricto se sirve de diversos "instrumentos" 
dirigidos a descomponer la discrecionalidad legislativa bajo el perfil lógico, 
teleológico e histórico-cronológico; el balanceo de los intereses, modo argumentativo 
que trasciende a los otros dos, "cortándolos” transversalmente, opera una 
comparación de los valores y de los intereses constitucionales en juego a fin de 
evaluar y de valorar si la operación efectuada por la ley es también aquella más 
adecuada a la Constitución y al contexto.   
Las razones  por las cuales el principio  de razonabilidad  se configura  como 
la "piedra angular" de los  fisiológicos  equilibrios  del  sistema,  son  buscadas  
relacionándolas a las grandes opciones axiológicas  que, ubicadas en el corazón de la 
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Constitución, los individualizan y califican como ordenamientos contemporáneos, 
atribuibles al modelo de "Estado constitucional": en ellos, al vértice del sistema 
normativo, se coloca un acto, la Carta constitucional, que se califica como orden de 
valores sustanciales. En la Constitución, al máximo nivel, esto es, de la positividad 
son enunciados, junto a las reglas esenciales del juego político, los valores esenciales 
de la convivencia organizada que constituyen los primeros parámetros de calificación  
de cada acción o hecho jurídicamente relevante y también los fines últimos del 
ejercicio de las funciones públicas, cuya realización es deber de todo sujeto investido 
de autoridad. El impacto de los valores constitucionales sobre el  ordenamiento puede 
describirse en torno a dos coordenadas que justifican el nacimiento del control de 
razonabilidad sobre las leyes.  
Ante todo constitutivo de los valores es el "empuje" prepotente a abrir el 
derecho al "mundo de los actos": los valores representan, en efecto, la sedimentación 
de la historia de un pueblo, el reservorio de su civilidad y,  por ello, también los 
vectores y el horizonte de la evolución comunitaria; ellos están incorporados en el 
ordenamiento positivo pero no pierden por esto su status originario, produciendo, 
entonces, una relación de constante, mutua alimentación entre la dimensión ética y 
cultural del vivir en sociedad y el plano jurídico constitucional en cuyo ámbito han 
sido recibidos. Incorporando en su interior tales valores, la Constitución oscila entre 
regla y realidad regulada, entre momento formal y momento efectual-sustancial y es 
evidente como una Constitución de tal hechura implique un control de legitimidad 
constitucional que reclama, no solo juicios de conformidad en cuanto 
normativamente establecido, sino también valoraciones de compatibilidad o de 
congruencia respecto a una serie más amplia de variables que se refieren al plano de 
los intereses sustanciales. 
La segunda coordenada que describe el impacto de los valores 
constitucionales sobre el ordenamiento está constituida por el hecho que ellos 
presentan la natural actitud a entrelazarse y confrontarse, dando vida a una trama de 
relaciones a veces sinérgicas, a veces conflictivas, que someten al sistema normativo 
a una incesante dinámica. En  tale prospectiva es necesario, entonces, individualizar 
un principio superior que realice  la  síntesis  entre estos  valores,  que               
tienden    a        imponerse  como  absolutos,    buscando   mantener la unidad del 
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ordenamiento normativo. Tal función es desempeñada justamente por la 
razonabilidad, definible como "lógica de los valores", que asume, así, el papel de 
"principio arquitectónico del sistema”: ella satisface la exigencia de que los otros 
valores se concreten en forma equilibrada. La capacidad de ejercer tal papel le es 
derivada de su peculiar debilidad,  presentándose como la razón que, abandonada la 
absolutista pretensión de infalibilidad, alegada por la fría y abstracta racionalidad 
formal, se muestra consiente de los límites históricos y de las concretas circunstancias 
en las cuales debe actuar, como la virtud de personas empeñadas en una cooperación 
entre iguales, como inclinación al diálogo paritario, al razonamiento en común. 
En torno a estas dos coordenadas, como fue  anticipado, rueda la génesis del 
juicio de razonabilidad de las leyes: la asunción en el centro del derecho positivo de 
una tabla axiológica, enraizada en la cultura del grupo social y  que no rompe tal 
ligamen por el hecho de ser positivizada, implica que al modelo de Estado 
constitucional no le cabe la demostración el tipo racional, silogístico, basada en una 
lógica formal-deductiva, sino preferiblemente la argumentación de tipo razonable. En 
perjuicio de los tradicionales criterios de juicio de tipo literal, lógico, presuntivo, se 
afirman cotejos sustanciales de conformidad de la ley respecto a las lógicas del 
ordenamiento, más orientados a la valuación de las consecuencias, de la racionalidad 
material del enunciado normativo, o sea juicios sobre la capacidad  del acto de 
realizar objetivos de bienestar social y de colegar, en una razonable relación, medios 
y fines de la ley. El juicio de legitimidad constitucional asume, entonces, no tanto los 
caracteres negativos sobre la ausencia de contraste entre la ley y la Constitución, sino, 
más bien, el de la verificación positiva acerca de la subsistencia de aquella dosis 
mínima de adecuación, congruencia, proporcionalidad,  respecto al hecho (en una 
palabra, de razonabilidad) que la elección positiva debe incorporar para ser 
considerada como legítimo ejercicio de la función legislativa. La Corte constitucional 
ha desarrollado, a través de la fórmula de la razonabilidad, formas de control que le 
permiten evaluar las elecciones efectuadas por el legislador, no solo en su abstracta 
conformidad  a  un  orden  superior  y   externo  (Constitución),  sino  en   su   
 
 
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correspondencia con una idea de interna racionalidad y plausibilidad, sea sobre el 
plano instrumental que sobre el sistemático. Tal marginalización del parámetro es la 
apertura del control a los horizontes de la inferencia empírica, son, por otra parte,  
caracteres que se encuentran en general en el control de legitimidad  constitucional de 
las leyes: la razonabilidad se impone, efectivamente, actualmente, como canon 
totalizador y omnipresente y pierde la actitud de calificar un peculiar tipo di juicio. 
 
LAS PROBLEMÁTICAS DE LA RAZONABILIDAD 
 
Reconstruida así la morfología de la razonabilidad e individualizadas sobre el 
plano teórico las circunstancias que la evocan, deben ser puestos de relieve también 
los peligros, los riesgos que un control tal porta consigo. Esta más abierta y completa 
práctica jurisprudencial, que por cierto supera algunas angustias del positivismo 
jurídico y se justifica con la consideración de las dificultades de un régimen pluralista 
para expresarse en los únicos procedimientos destinados a la formación de decisiones 
políticas, está, de hecho, imbricada por algunos problemas: ¿cómo evitar que las 
decisiones de la Corte constitucional resulten imprevisibles en sus disposiciones y 
excesivamente libres en las motivaciones? ¿Cómo "combatir" los temores de que los 
discursos sobre racionalidad, situados en el límite entre mérito y legitimidad 
constitucional, invadan las prerrogativas del legislador? Los juicios de razonabilidad, 
si por un lado exaltan la Constitución (representando el único instrumento para no 
hacer vanas las cláusulas constitucionales que imponen la persecución de fines  
particulares, la presencia de específicos presupuestos de hecho, el respeto de criterios  
meta-jurídicos...) por el otro parecen comprometer su rigidez: el principio de 
razonabilidad, por un lado es el único instrumento en condiciones de asegurar un 
efectivo respeto por parte del legislador del imprescindible equilibrio entre los 
múltiples y no siempre convergentes principios fundamentales que representan el 
núcleo duro de la Carta constitucional, por el otro “relativiza” la Constitución, 
abriendo amplios espacios a las elecciones discrecionales de los intérpretes.   
Para  afrontar  tales inconvenientes,  ciertamente,  no  se podría pretender        
la   redacción   de   una   "escala   de   valores   preconstituida"   ya   que   esta debería 
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siempre ser redefinida in vista de cada una de las cuestiones sometidas al examen de 
la Corte: no  existen de hecho valores o principios que, al menos en algún caso, no 
deban ceder o sucumbir en su confrontación con exigencias e  intereses de orden  
diverso. 
Muchos autores han, por ello, buscado los remedios sobre el plano de los  tests 
judiciales utilizables en las  cuestiones inherentes  a la razonabilidad: sería necesario, 
se ha sostenido, que la Corte elaborase una "teoría de lo razonable" o un "protocolo 
de las operaciones lógicas” ejecutables vez por vez. Sin embargo, no obstante que en 
muchas sentencias del juez constitucional no han faltado tentativas de racionalizar o 
de encausar el control sobre la razonabilidad de las leyes, no se ha nunca fijado y 
respetado completos protocolos, así que la jurisprudencia constitucional se ha 
consolidada por efecto de la sola acumulación de los precedentes: falta, en las 
decisiones de la Corte, el empeño serio de seleccionar los rasgos comunes a las varias 
argumentaciones atribuibles a la razonabilidad en sentido estricto, para racionalizar 
las estrategias argumentativas utilizadas, estabilizándoles en cánones de juicio a fin 
de elaborar modelos o esquemas de control típicos; aún más, las indicaciones en tal 
sentido provenientes de la Corte se presentan, a la vez, así inciertas e inestables que 
resultan directamente incluso confusas.  La doctrina, viceversa, no se ha sustraído a 
un esfuerzo reconstructivo semejante y es justamente por obra de los teóricos del 
derecho el “reclamo”, dirigido a la jurisprudencia  constitucional, de hacer expresos 
en las motivaciones los modos argumentativos del control de razonabilidad. La 
búsqueda dirigida a la individualización de los parámetros del juicio de razonabilidad 
y la elaboración de un test de juzgamiento es dirigida al fin de mantener la operación 
interpretativa del juez constitucional en los límites del juicio de legitimidad, sin el 
cual estaría consentido a la Corte desarrollar cualquier valoración sobre el mérito  de 
la elección política del legislador. La clasificación de las formas del control de 
razonabilidad y de las estrategias argumentativas típicas repropuestas en la 
exposición distingue los "instrumentos" de la razonabilidad en: argumentos de 
racionalidad  sistemática que se traducen en un juicio de coherencia, en relación a 
referencias valorativas extraídas de la lógica de los institutos, dirigidos a asegurar la 
“inserción” de la disciplina legislativa en un tejido normativo sin contradicciones;  
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herramientas de eficiencia instrumental que están dirigidas a verificar la consistencia 
y la plausibilidad de la relación causal medios-fines fijada por la ley y resultan, por 
ello, mayormente comprometidos sobre el plano de las elecciones de valor 
instaurando controles dominados por evaluaciones técnico – científicas (pertinencia e 
impericia), de valuaciones entrelazadas con juicios de valor en cuanto abiertas a la 
comparación con parámetros externos a ley (congruencia y evidencia- Natur der 
Sache) o producto de complejas operaciones de equilibrio (proporcionalidad-
adecuación); instrumentos de justicia equitativa que realizan un juicio lógicamente y 
formalmente autónomo respecto a los parámetros lógico-analíticos, desvinculado del 
ligamen con un elemento normativo de cotejo y basado sobre valoraciones extraídas  
de un área de referencias equitativas, culturales y políticas. 
Los remedios  contra una jurisprudencia de signo netamente casuístico 
deberían, según la doctrina, fundarse sobre las motivaciones que ilustran las 
sentencias de la Corte: la motivación se convierte así en instrumento de garantía  para 
los destinatarios de la  sentencia, indicando los pasajes formales y jurisprudenciales 
que han llevado a aquel resultado y aparece dirigida en forma fundamental, no tanto a 
neutralizar la politicidad de las elecciones o a restringir la discrecionalidad del juez, 
cuanto, más bien, a conferir legitimación a las decisiones de un órgano políticamente 
irresponsable, como es la Corte, mostrando que ellos son fruto de desarrollos lógico-
argumentativos racionales. En propósito es amplio el debate doctrinal en relación a 
introducir,  también, en nuestro sistema la dissenting opinion: tal instrumento 
consentiría hacer evidente las modalidades y los porcentajes de los votos, permitiendo 
reconstruir la ratio subyacente de la decisión, a fin de manifestar la mayor o menor 
estabilidad de una cierta dirección jurisprudencial. Por otra parte se considera, cuanto 
menos, necesario que el órgano de la justicia constitucional tenga expresa  cuenta de 
los propios precedentes, en vez de ignorarlos o manipularlos  según las conveniencias 
de cada juicio y que la utilización o la superación de los criterios ya aplicados, sean el 
objeto de claras y orgánicas argumentaciones y         sean entonces manejadas en 
forma explícita, sobre la base de razonamientos controlables por cuantos estudian las 
decisiones concernientes a la legitimidad de la ley. No falta quienes solicitan la 
fijación de un orden para la sucesión de las operaciones en el juicio de razonabilidad 
 
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y para la elección de los instrumentos  argumentativos, de cuando en cuando, 
utilizados en él como también  la enunciación de un protocolo que sitúe tales 
operaciones en una secuencia capaz de dar una estructura articulada a las 
motivaciones del juez y construir el punto de apoyo para un re-examen.  
Las más importantes objeciones que se realizan al uso del principio de 
razonabilidad en el juicio de legitimidad constitucional están ligadas a los temores 
que se arribe, por un lado, a un paternalista y tecnocrático gobierno de los jueces, por 
el otro a una intolerable supremacía del caso concreto sobre el sistema normativo, del 
método casuístico sobre aquel sistemático-jurídico. 
El primer temor se basa  en la individualización  de una relación de tipo 
antagónico entre juicio de legitimidad constitucional y democracia que es todavía 
más evidente cuando tal juicio se sirve del principio de razonabilidad, el cual invade 
en modo "particular" el área de la discrecionalidad del legislador: la Corte, órgano no 
representativo anularía las decisiones adoptadas a nivel político por el órgano que, en 
cambio, representa legítimamente al cuerpo electoral, sustituyendo con su voluntad la  
de los ciudadanos y reduciendo, por esa vía, la importancia del principio democrático 
en la dinámica del sistema. Reaccionando contra esas críticas parte de la doctrina 
pone en evidencia como el principio de democracia no debe ser reducido solo a la 
regla   procedimental mayoritaria, sino que se configure como una cuña del mosaico 
integral delineado por la Constitución, entrando, así, en fisiológica sinergia con los 
otros valores constitucionales: los derechos inviolables, lejos de colocarse en forma 
antagónica respecto al principio democrático constituyen sus presupuestos  
irrenunciables y representan las condiciones a priori de los sistemas liberal-
democráticos, precediendo a la deliberación política. Las reglas procedimentales y las 
reglas sustanciales no son susceptibles de ser separadas en manera absoluta: la 
democracia no está en condiciones de fundarse por sí sola  sino que remite a una serie 
de presupuestos sustanciales, constituidos justamente por los  valores materiales 
constitucionales, jurisdiccionalmente tutelados. Si, entonces, el mismo régimen 
democrático, entendido en sentido estricto, necesita de un marco meta-democrático 
de  valores  que  limitan  su  fuerza,  a  mayor  razón   las   Cortes    constitucionales,  
 
 
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que son custodios de tal marco, no podrán ciertamente tener una carencia di 
legitimación democrática: las Cortes son, en conclusión, indispensables (al mismo 
régimen democrático) no "aunque" sean carentes de legitimación democrática directa, 
pero, al contrario, justo "porqué" están privadas de ella. A través de los mecanismos 
de justicia constitucional, es el sistema liberal-democrático que se auto-tutela en 
relación a los actos legislativos que, si bien formalmente irreprochables (ya que se 
formaron de acuerdo con el respeto a un procedimiento parlamentario conforme al 
valor democrático), no aparecen compatibles con el equilibrio de valores fijados por 
la Carta constitucional y, entonces, resultan legales pero legítimos: de tal modo la 
Corte tutela también el principio democrático, en cuanto entrelazado y solidario con 
la compleja tabla axiológica inserta en la Constitución.  
El segundo temor, como se anticipara, es que el empleo del principio de 
razonabilidad en el juicio de legitimidad constitucional realice  el primado de los 
elementos fácticos, de los casos concretos sobre el sistema de las disposiciones 
normativas, del método casuístico sobre el jurídico, traduciendo el control de  
legitimidad constitucional en un conjunto de juicios de valor que abren un espacio 
potencialmente ilimitado a la discrecionalidad del juez-intérprete. No puede negarse 
que en  el juicio de constitucionalidad la referencia a los elementos de derecho no 
puede prescindir de la indispensable referencia al contexto, o sea al conjunto de los 
elementos  (históricos, sociológicos, políticos, axiológicos) que caracterizan, bajo el 
perfil fáctico, las cuestiones objeto del control de legitimidad constitucional. Los 
contextos tienen, de hecho, en tal sede, un relieve específico, sea porqué están  
inmersos en el proceso constitucional justo en razón y en la medida de la vaguedad  o 
indeterminación de los enunciados constitucionales de principio, sea porque en cada 
cuestión de legitimidad constitucional subyacen concretos conflictos de intereses, 
cuya resolución se solicita al juez de las leyes. La consideración, mas allá que de los 
textos normativos, de los contextos facilita superar las "angosturas” del silogismo 
judicial lógico-deductivo: la razonabilidad aplicada a los juicios de 
constitucionalidad, de hecho, incluso sirviéndose de esta técnica hace subyacer un 
quid pluris, que no implica solamente un proceso de valoración del derecho mediante 
la argumentación, sino que  prevé también una función actuativa-aplicativa del 
derecho en vista de los contextos.  
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Sin embargo, una cosa es decir que el contexto sea uno de los elemento que, 
junto a las disposiciones legislativas constitucionales, entran en las valoraciones de 
razonabilidad según un completo recorrido circular de mutua condicionabilidad, no 
traducible en simplificados esquematismos, otra es decir que la prueba del hecho 
constituya la sola razón para fundar la decisión de la Corte constitucional. El juicio de 
razonabilidad opera, de hecho, utilizando todos los elementos que entran en el 
proceso interpretativo-aplicativo, o sea las disposiciones constitucionales, las 
disposiciones legislativas, los contextos: la Corte evalúa cada elemento, individualiza 
las hipótesis de sentido, elige la solución normativa más adecuada en la dialéctica 
entre los textos sometidos a su examen y el contexto aplicativo. Ello permite afirmar 
que aquel de la razonabilidad represente un principio supra- constitucional de carácter 
lógico (más que axiológico), que vale cual condición esencial a fin de que la 
Constitución pueda ser aplicada: el juicio que en él se funde, por ello, no será así 
arbitrario, sino que se apoyará en la correcta valoración del conjunto.  
Para concluir: es seguramente verdad que acoger la razonabilidad significa, en 
el fondo, admitir que la certeza, la previsibilidad, y la seguridad del sistema jurídico 
no es todo, existiendo también la flexibilidad y la justicia del derecho. Estos aspectos 
son conexos porqué el derecho debe ser aceptable y para serlo es necesario que sea, 
no solo, cierto, sino también razonable. Sin embargo cabe observar que ellos no son 
alternativos: la predeterminación de tests de escrutinio o de protocolos de decisión, 
consiente, de hecho, recuperar aquellos caracteres de certeza, previsibilidad y 
seguridad de las decisiones con las cuales, en abstracto, el juicio de razonabilidad 
parece colisionar.